Román Oria Fernández de Muniaín
Abogado
Como abogado que lleva bastantes años defendiendo a perjudicados por el amianto, me refiero a la constitución del fondo para los afectados por la contaminación del amianto puesto que puede entrañar, quizás, un grave problema y perjuicio que, da la impresión, ha pasado desapercibido a los políticos impulsores.
Si empresarios y gobierno hubiesen urdido una trama para terminar con las reclamaciones ante la justicia de los afectados por amianto, la constitución de este fondo sería el mejor remedio.
Si se constituye un fondo con una dotación tan ridícula como la que se ha hecho, supondrá, que todos los afectados tendrán que conformarse con las migajas de dicho fondo que les lleguen porque los Tribunales rechazarán las reclamaciones al declararse incompetentes por tener las víctimas que reclamar al citado fondo. Amen que la propia norma que crea el fondo exige conformarse con lo que la Administración quiera dar.
Lo que realmente sería efectivo, para las víctimas, consistiría en promover una iniciativa legislativa que obligase a incrementar las indemnizaciones en sede judicial y ampliar los supuestos de hecho y agilizar la prueba.
Aún si se busca un remiendo en el texto definitivo no haciendo incompatibles las indemnizaciones del fondo con las reclamaciones judiciales supondría lo que algún sindicalista interesado dice que se pretende evitar, esto es, la demora y el desánimo pues las víctimas tendrían dos peregrinaciones en lugar de una: la administrativa y la judicial. Y veremos si el Reglamento no mantiene la facultad resolutiva de la Administración.